En mayo de 2006, estudiantes secundarios de todo Chile comenzaron a movilizarse en lo que se convertiría en el ciclo de protestas estudiantiles más extenso desde el retorno a la democracia. El movimiento fue bautizado popularmente como la Revolución Pingüina, en referencia al color de los uniformes de los liceos públicos. 

Las demandas iniciales eran concretas y acotadas: pase escolar gratuito durante todo el año y eliminación del cobro por la Prueba de Selección Universitaria. Pero a medida que el movimiento crecía y se extendía a lo largo del país, esas demandas se ampliaron hacia preguntas más estructurales sobre la organización del sistema educativo y la justicia de sus resultados.

Lo que hizo políticamente significativo al movimiento fue su capacidad de instalar en el debate público una pregunta que el marco legal vigente no podía responder con coherencia: ¿qué tipo de educación queremos y para qué existe el sistema escolar? Miles de estudiantes que tomaban liceos y marchaban por las calles no estaban discutiendo reglamentos administrativos; estaban discutiendo el sentido de la educación y la legitimidad de un sistema que producía resultados profundamente desiguales según el origen socioeconómico de quienes lo transitaban.

El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet respondió convocando un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, integrado por representantes de distintos sectores: docentes, apoderados, estudiantes, académicos, sostenedores y especialistas en política educativa. El proceso fue extenso y no estuvo exento de tensiones; los distintos actores tenían visiones a veces incompatibles sobre el papel del Estado, el mercado y las familias en la educación. Sin embargo, el Consejo produjo un diagnóstico que resultó ampliamente compartido: el marco legal no era reformable en sus márgenes; necesitaba ser reemplazado en su conjunto, y ese reemplazo debía surgir de un proceso democrático y participativo, a diferencia de la norma que venía a sustituir.

Ese diagnóstico fue el punto de partida del proyecto que, tras varios años de tramitación legislativa y nuevas rondas de debate, se convirtió en la Ley General de Educación, promulgada en septiembre de 2009.