10 claves para comprender la Deuda Histórica hacia los profesores chilenos
- Rodrigo Espinoza
- 11 dic 2024
- 6 Min. de lectura
Actualizado: hace 5 días
Primero, les redujeron el sueldo en más de la mitad; luego, les prometieron una compensación económica que no llegó: de eso han pasado casi 45 años. Esta deuda con los docentes chilenos ha condenado a la gran mayoría de ellos a la pobreza. En este artículo, te presentamos 10 claves para comprender la deuda histórica: su origen, la lucha por reparación, y el camino que aún queda por recorrer para saldar esta deuda con miles de docentes afectados.
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Por décadas, la deuda histórica ha ocupado titulares y ha estado en la discusión política chilena. Tiene su origen en la década de los 80, y ha pasado por propuestas de compensación, fallos judiciales nacionales e internacionales, acuerdos y desacuerdos. A continuación te presentamos el origen, el contexto y la evolución de esta problemática.
¿Qué es la deuda histórica a los profesores chilenos?
La "deuda histórica", como su nombre lo indica, es una deuda pendiente del Estado de Chile con miles de docentes. Este problema se generó hace casi 45 años, a partir del perjuicio salarial y previsional derivado del incumplimiento en los reajustes salariales comprometidos durante la dictadura militar.
Con el paso del tiempo y la ausencia de soluciones concretas, esta deuda ha adquirido el calificativo de "histórica", convirtiéndose en un símbolo de los atropellos laborales que afectaron al gremio docente en ese período.
El perjuicio económico comenzó años antes
El origen de la deuda histórica se remonta al año 1974, cuando se modificó el Estatuto Administrativo, la ley que regula las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. A través del Decreto Ley 249, se implementó la Escala Única de Remuneraciones (EUR), con el objetivo de establecer una estructura salarial unificada para los empleados públicos.
La nueva EUR relegó a los docentes a un nivel salarial inferior a la mayoría de las ocupaciones profesionales del Estado, incluso por debajo de los técnicos universitarios. Como resultado, a los docentes se les redujeron sus ingresos entre un 30% y un 75%, marcando el inicio de un deterioro significativo en sus condiciones laborales.
Una asignación "compensatoria" que no llegó a todos
En 1981, el Decreto Ley 3.551 buscó corregir esta situación, introduciendo una asignación especial no imponible para los docentes, equivalente a hasta el 90% de su salario. Esta medida generó esperanza dentro del gremio, al menos como una forma de paliar el daño económico sufrido.
Sin embargo, surgieron complicaciones desde el inicio. El plazo para implementar esta asignación era de cuatro años, con una fecha límite en 1984, que finalmente se extendió hasta 1988. En esos mismos años, la municipalización de la educación trasladaba a los docentes al Código del Trabajo, excluyéndolos del Estatuto Administrativo y debilitando sus derechos laborales.
Los nuevos empleadores no asumen el compromiso
Entre 1980 y 1987, los docentes pasaron a depender del sistema de educación municipal. Este cambio dejó a muchos docentes sin garantías de recibir la asignación comprometida en 1981. Las municipalidades, en su calidad de nuevos empleadores, desconocieron este derecho, y la mayoría de los docentes nunca recibió el pago de la compensación económica prometida.
Un perjuicio que trasciende el salario
El impacto de esta deuda no se limitó al sueldo mensual de los profesores. En 1981, Chile adoptó el sistema de AFP, y los docentes fueron gradualmente incorporados a este modelo previsional. Bajo este sistema, el interés compuesto es clave: el monto definitivo de la pensión depende directamente del aporte mensual y del tiempo que una persona lleve contribuyendo a sus ahorros.
Por lo tanto, la falta de pago de la asignación comprometida hace más de 40 años afectó gravemente las jubilaciones actuales de los docentes. Hoy en día, muchos profesores retirados reciben pensiones inferiores a los $120.000, una cifra que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad, obligándolos a depender de la ayuda de terceros para subsistir.
La deuda histórica en cifras
Para comprender la magnitud de la deuda histórica hacia los docentes chilenos, revisemos algunos datos clave que revelan el alcance de esta problemática:
Docentes afectados: Según el Ministerio de Educación, aproximadamente 76.000 profesores han sido identificados como afectados por esta deuda.
Desigualdad de género: Según la misma fuente, del total de afectados, el 68% son mujeres, evidenciando cómo esta problemática impacta de manera desproporcionada a las mujeres en el gremio docente.
Monto por docente: Según la diputada Marcia Raphael, se estima que a cada profesor se le adeudan, en promedio, 90 millones de pesos, un monto que refleja décadas de perjuicios económicos.
Docentes fallecidos: Más de 14.000 profesores han fallecido esperando una solución a esta deuda, lo que añade un componente de urgencia y justicia postergada.
Monto total de la deuda: El total acumulado asciende a unos 11.600 millones de dólares, una cifra que dimensiona el peso histórico y económico del problema.
La lucha del profesorado por sus derechos
Desde que se originó la deuda histórica, los profesores chilenos han llevado adelante una persistente lucha por el reconocimiento y pago de lo adeudado. A lo largo de casi 45 años, han recurrido a diversas estrategias: demandas judiciales, manifestaciones, protestas y negociaciones gremiales, siempre con el objetivo de exigir sus derechos.
El Colegio de Profesores de Chile ha desempeñado un rol crucial en esta causa, liderando las demandas por justicia y posicionando la deuda histórica como un símbolo de los atropellos sufridos por el gremio docente durante la dictadura.
Por otro lado, organizaciones como la Agrupación por el Pago de la Deuda Histórica han contribuido a sostener el movimiento. Desde hace 16 años, sus miembros se reúnen todos los jueves en el óvalo de la Plaza de la Constitución, realizando manifestaciones pacíficas para visibilizar su causa y exigir soluciones concretas por parte del Estado.
Condenas al Estado de Chile
A lo largo de los años, los docentes han buscado diversas formas de exigir justicia por la deuda histórica. Mientras algunos han optado por presentar demandas individuales, otros han recurrido a demandas colectivas ante los tribunales chilenos. En muchos casos, los fallos han sido favorables, aunque las resoluciones suelen ser de carácter reparatorio, es decir, los montos concedidos no alcanzan a cubrir la totalidad de lo adeudado.
En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) intervino en 2015, determinando que Chile había violado los convenios sobre Seguro de Vejez y Seguro de Invalidez. La OIT recomendó al Estado chileno aceptar su responsabilidad y tomar medidas concretas para resolver esta deuda pendiente.
Además, en 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico a favor de 846 docentes que contaban con sentencias favorables de tribunales chilenos pero que nunca recibieron el dinero correspondiente. En este caso, la Corte determinó que Chile era responsable de no cumplir con la debida diligencia en la ejecución de sentencias que reconocían el pago de las asignaciones adeudadas.
Reconocimiento oficial de la deuda histórica
La persistente presión del profesorado ha llevado al reconocimiento oficial de la deuda histórica y a la aceptación, al menos formal, de la responsabilidad del Estado en su resolución. Este proceso ha sido progresivo y ha involucrado distintas instancias:
Sentencias judiciales: En un inicio, fueron los tribunales de justicia los que comenzaron a fallar a favor de los docentes, estableciendo la existencia del perjuicio y, en algunos casos, ordenando reparaciones parciales.
Comisión Deudas Históricas (2009): A petición de la Presidenta Michelle Bachelet durante su primer mandato, se conformó esta comisión dentro de la Cámara de Diputados. Su labor fue clave para visibilizar el problema a nivel político y avanzar en su documentación.
Reconocimiento estatal (2014-2018): Durante el segundo mandato de Bachelet, se dio un paso significativo con el reconocimiento oficial del Estado chileno. En este período, se creó una mesa de trabajo que permitió elaborar un catastro detallado de los docentes afectados, estableciendo una base formal para abordar acciones reparatorias.
Propuestas de reparación
La Cámara de Diputados ha planteado soluciones a la deuda histórica en dos ocasiones. En 2008, se presentó una propuesta de reparación que no logró avanzar, y en 2018, se intentó incorporar una solución en el presupuesto nacional para el año 2019, pero esta iniciativa tampoco prosperó.
Finalmente, en 2024, el gobierno de Gabriel Boric presentó una propuesta concreta que fue sometida a votación por el profesorado, alcanzando una aprobación del 82%. Esta propuesta de reparación contempla un pago de $4,5 millones por docente, dividido en dos cuotas. El plan establece un plazo de seis años para cubrir a todos los docentes afectados que aún se encuentran vivos. Esta propuesta fue aprobada definitivamente el 22 de enero de 2025, y pasó a ser ley.
La deuda histórica no es solo una cifra millonaria. Como señala el Colegio de Profesores de Chile, también es una herida abierta en el gremio docente y una deuda moral. A pesar de los avances recientes, como la propuesta de 2024, queda claro que esta problemática no se resuelve únicamente con pagos parciales, sino con el reconocimiento completo del daño y una reparación efectiva que incluya también medidas previsionales.
¡Queremos saber tu opinión! Déjanos un comentario: ¿Crees que la propuesta de 2024 es suficiente para reparar esta deuda? Comparte este artículo con quienes podrían estar interesados en el impacto de la deuda histórica en Chile.
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